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martes, 13 de marzo de 2018

El Pescaíto

Seguramente falten palabras en el diccionario para describir lo execrable del crimen del joven almeriense Gabriel Cruz, supuestamente a manos de la pareja sentimental de su padre, Ana Julia Quezada. Y no voy a desaprovechar la ocasión que me da este humilde blog para mostrar mi repulsa y condena ante este hecho tan atroz, deseando que la justicia actúe de manera rápida, eficaz y contundente contra los asesinos de este niño, a la vez que mandar mis condolencias a toda la familia y amigos del “pescaíto”, apelativo con el cariñosamente le llamaban.

Una vez que la Guardia Civil detuvo a la supuesta autora del asesinato del menor, la reacciones públicas no se hicieron esperar, mareas de personas inundaron las redes con mensajes de condena, iniciativas en redes sociales y portales como change.org, se produjeron minutos de silencio en diversos sitios y diversas manifestaciones en las calles, hasta en la mismísima comisaría donde se mantiene detenida a Ana Julia Quezada. A este movimiento ciudadano, por supuesto, se quisieron apuntar los políticos que, en pleno debate sobre la cadena permanente revisable, vieron la oportunidad de pillar algunos votos, agitando el debate público al calor de un movimiento social de solidaridad ciudadana ante la desaparición y muerte del menor, y es sobre estos últimos aspectos sobre lo que quisiera reflexionar a continuación.

El código penal español actual, que es en el que se recogen los delitos constitutivos de prisión, data de 1995 y desde entonces ha sufrido la nada desdeñable cantidad de 30 modificaciones, siendo la última el 28 de abril de 2015. Echando las cuentas de la vieja, podemos sostener que, con 23 años es una ley relativamente reciente y que le hemos metido un buen meneo en tan poco tiempo, pues si con 23 años de antigüedad, la hemos modificado 30 veces, eso nos sale a modificación cada 9 meses aproximadamente. Y aun así, no hay día en el que no se oiga, desde el politicucho de turno hasta el borrachín de barra de bar, reclamar que se modifique, normalmente a mayor dureza. Lo cual nos lleva a dos conclusiones:
1.    El código penal parece más que una ley propia de un país serio, moderno y democrático, un panfleto donde reflejar los agravios y frustraciones personales del momento.
2.    El poco nivel político que tenemos en este país cuando ve la incapacidad de consensuar un código penal medianamente estable de manera coordinada y sosegada y no "a golpe de titular".

Porque sí, este último aspecto es esencial, el de “a golpe de titular”, un elemento que retroalimenta políticos mediocres y populistas con una sociedad incapaz de darse unas normas con las que convivir en democracia, aspecto, este último, junto a otros, que ya denunciaba el ex fiscal general del Estado Torres-Dulce, y es que las leyes son el marco que permite la convivencia social en armonía de un territorio, y si el pueblo no se identifica con ellas, la convivencia corre un grave riesgo de romperse. Por eso es tan importante no legislar “a golpe de titular” porque se puede cometer en el error de no formular las medidas adecuadas para mantener la convivencia.

Pero volviendo al código penal, en España tenemos uno de los códigos penales más duros de Europa, y no es que lo diga yo, en palabras de la doctora de Derecho Penal Esther Fernández Molina “nuestro país tiene una legislación bastante punitiva si miramos y nos comparamos con los países de nuestro entorno y las últimas reformas nos han puesto, además, en los primeros puestos en cuanto a respuestas retributivas. Pero ¿por qué se piensa que en España hay que endurecer las penas? La verdad es que no sé y trasteando por internet no he encontrado datos de elevadas demandas sociales sobre esto, ni siquiera la inseguridad aparece en los primeros puestos de preocupaciones de los ciudadanos, es más, el Ministerio de Interior indica que sólo es una preocupación para el 3,2% de la población española a fecha de diciembre de 2016, por lo que me lleva a pensar que la única verdad, es que como decía antes, queremos legislar “a golpe de titular”.

Pero ¿hay motivos para un endurecimiento de las penas? Analicemos para ello la tasa de criminalidad y de homicidios. Según anunciaba el Ministerio de Interior en 2016, la tasa de criminalidad en España se sitúa en 43,2 delitos por cada 1.000 habitantes, lo cual nos convierte en el tercer país con menos delitos por habitantes, sólo por delante de Portugal y Grecia (resulta curioso que sea el mismo gobierno que anuncia esta baja tasa de criminalidad, el que promueve o por lo menos lo intenta, condenas más duras); es más, según esta misma fuente, se registraron un 1,2% menos de delitos con respecto al año 2015. Por otro lado, los homicidios dolosos y asesinatos consumados bajan por primera vez de 300 casos para el año 2016, lo que convierte a España en el país de la Unión Europa con menor tasa de muertes violentas, sólo superado por Austria. Aun así, cabría preguntarnos ¿estos delitos, por pocos que sean no tienen sus correspondientes castigos? Si acudimos a la página de Instituciones Penitenciarias, nos indica que en enero de 2018 había en España 59.121 presos (de los cuales 3.743 estaban encarcelados por homicidios) por lo que hay 1,2 presos por cada 1.000 habitantes, lo cual, si lo comparamos con el resto de Europa, sólo tienen más presos por 1.000 habitantes los países de Europa del este. Por lo que si juntamos que tenemos de las tasas más bajas de delincuencia de Europa y sólo los países del este acumulan más presos, podemos concluir que en España los delitos, se pagan. Y para demostrarlo, y antes de continuar, un último dato, según el sindicato de funcionarios de prisiones Acaip, en España, la estancia media en prisión es de 19 meses, el triple que los países de nuestro entorno, el doble que la media de la Unión Europea y solo por detrás de Turquía y Rumanía.

 Aun así, y ante la tozudez de los números, todavía hay quien pide más pena para los condenados de algunos delitos. Es natural que ante determinados hechos como el asesinato de Gabriel, se pidan castigos de gran dureza por parte de la ciudadanía, más años de cárcel, trabajos forzados, castigos físico y hasta la muerte, pero todo esto se sobreentiende como una de forma de repulsa ante unos actos atroces y en círculos cercanos de familiares, amigos o conocidos, pero lo que no es de recibo es que los políticos entren en este juego. Porque si bien es cierto que podemos hablar de un código penal caótico, cosa comprensible si atendemos al gran número de reformas que se le han aplicado en tan poco tiempo, lo cual también denunciaba Torres-Dulce, y que se ha intentado judicializar hasta el más nimio de los actos de los ciudadanos, no es cierto que en España, como ya demostré antes, los delitos resulten impunes, o por lo menos no los delitos de gran impacto social como los homicidios, porque ya se sabe que los financieros y políticos son harina de otro costal, porque como ya expresó en su día el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes: “La Ley está pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador".

Entre todo este debate sobre el tiempo de permanencia de algunos delincuentes en prisión, aparece en marzo de 2015 la figura de la “Prisión permanente revisable”. Si bien en España las penas medias ya eran altas y tras la última reforma del código penal se pueden llegar a decretar hasta 40 años de prisión para algunos delitos, se planteó esta nueva pena. Llegados a este punto, expondré mi opinión, la prisión permanente revisable, no es otra cosa que un eufemismo de la cadena perpetua, porque algo permanente, por más que le pongan la coletilla de “revisable”, sigue siendo permanente, y para los que no tengan un diccionario a mano, les diré que la RAE define permanente como algo “que permanece. Sin limitación de tiempo”. Y para los que tampoco tengan a mano la Constitución Española de 1978, les diré que esta, en su Artículo 25 dice que “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. Y les pregunto yo ¿es posible reinsertar a alguien que sabe que nunca va a salir a la sociedad? ¿Cómo se puede evaluar la reinserción social de una persona sin estar entre la sociedad? ¿A partir de cuánto tiempo se considera que la condena por un delito puede ser revisado? Y sí, sé que este tema está pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional y que muchos grupos parlamentario han pedido su derogación, pero a mi juicio, la cadena perpetua y sus distintas derivadas nominales, es a todas luces anticonstitucional.

Ahora bien, podemos seguir empeñados en endurecer las penas, pensando que es la única manera de vivir en una sociedad más segura. Pues vayámonos a modelos como los existentes en Estados Unidos, donde existe la figura de cadena perpetua sin eufemismos e incluso la de pena de muerte. Y… ¡Sorpresa! Nos encontramos que la tasa de criminalidad es mucho más elevada que la de España y que la tasa de homicidios es más de 15 veces superior a la de España según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es más, dentro de Estados Unidos se encuentran 4 de las 50 ciudades más violentas del mundo. Por lo tanto, una mayor condena no conlleva una disminución de los delitos y por lo tanto, tampoco una mayor seguridad de los ciudadanos ante actos violentos. Ante lo cual, añado que, no creo que quien cometa delitos de extrema gravedad como el homicidio, salvo algunas excepciones, estén pensando en el momento de cometer el crimen en cuántos años le pueden caer o no, de hecho, tanto el crimen de Gabriel o el de Diana Quer se produjeron estando en vigor la Prisión Permanente Revisable y ya ven que ni detuvo a los asesinos ni ha permitido podido salvar la vida a los fallecidos.

Pero ¿no se puede hacer nada? Yo creo que sí, hay tres vías a recorrer, una política, otra judicial y por último, la educativa y reeducativa con la reinserción como finalidad.

En relación a la medida política, ya va siendo hora que, como en tantas otras circunstancias la clase política esté al nivel que debe estar, hace falta despolitizar el código penal, no judicializar todos los aspectos de la vida de las personas, fomentando así la democratización del país; no hay que emplearlo para conseguir el apoyo de algunas víctimas de manera populista, las víctimas merecen todo el respeto, comprensión y apoyo, tanto por parte de las instituciones como por parte de la ciudadanía, pero su dolor no puede determinar las leyes de un país entero ni de todos sus ciudadanos; y por supuesto, hay que dejar a los jueces, fiscales, abogados y funcionarios de justicia trabajar, sin intromisiones políticas en su cometido de impartir justicia.

Sobre lo judicial, quisiera poner el foco por un lado en la falta de recursos humanos, materiales y económicos de los que goza la justicia española, no se trata de gastar más, sino de ser capaces de reorganizar estos gastos, en parte, dejando de judicializar y legislar cada aspecto de la vida de las personas que saturan los juzgados españoles, sino también de dotar de los recursos necesarios a dichos juzgados, porque mucha de la falta de apoyo a la justicia se lleva a cabo de manera interesada para que esta no intervenga en delitos políticos y financieros, los cual acaba teniendo su repercusión en otro tipo de realidades como la ralentización de delitos más mundanos. Por otro lado, resulta esencial democratizar la justicia, llevando a cabo las reformas que tanto tiempo se llevan reclamando desde el poder judicial.

En último lugar dichos recursos, tienen también que destinarse, en primer lugar, a la educación. Fue Pitágoras quien dijo “educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres", y es que la educación resulta esencial para que cualquier sociedad se desarrolle en armonía, pero cuando vemos que España ocupa el quinto puesto por la cola en el gasto público destinado a educación de los países de la Unión Europea, el 4,1% del PIB, y hay una previsión de reducirlo al 3,8% de cara al año que viene, nos damos cuenta que nadie en este gobierno hace caso a Pitágoras. Después del fracaso de la educación, viene la reeducación, la cual hace incidencia de manera directa en lo que se denomina la reinserción social, que tiene que ver con intentar volver a hacer individuos útiles desde el punto de vista social, a los que fallaron a la sociedad en un momento de su vida. Esta reeducación está directamente ligada con elementos de seguimiento de los condenados, tanto dentro de la prisión como fuera de la misma para ver si se ha logrado la tan ansiada reinserción que se cita en la constitución.

Por supuesto, a pesar de todo lo dicho, es perfectamente legítimo en un país democrático que haya quien quiera promover condenas más duras contra algunos delincuentes, pero como he venido exponiendo hasta ahora, no creo que eso nos haga sentir más seguros, ni tampoco que vaya a devolver la vida de Gabriel, ni la de tantos otros inocentes asesinados de manera despiadada (además, cualquier reforma del código penal no podría influir en la acusada del asesinato, pues la justicia carece de efectos retroactivos). Pero entiendo la rabia y el dolor que puede llevar a pedir medidas más severas, porque es humano sentir ese dolor y reclamar dichas condenas, por eso no acabaré criticando a esas personas, sino a los que aprovechas el dolor y las denuncias para obtener votos electorales. Son muchas las vidas que se ha llevado la historia en beneficio de los intereses de unos pocos y no es justo, la vida de Gabriel vale mucho más  que eso, y junto a la suya, la de unos familiares y unos amigos que han demostrado un entereza, dignidad y generosidad digo de toda admiración, ellos, sólo ellos, los demás, sólo deberíamos ser silenciosos observadores de esta realidad. Descansa en paz “pescaíto”.

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